Según el testimonio, tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos como la Casa Rosada impulsaron durante los últimos años del kirchnerismo múltiples medidas dirigidas a proteger a Lázaro Báez, evitarle problemas penales e impedir que el fisco nacional le cobrara miles de millones de pesos.

Mecikovsky, quien llegó a ocupar uno de los puestos más altos dentro de la AFIP hasta que lo desplazaron junto con otros funcionarios por investigar al poder; acompañó sus dichos con copias de resoluciones internas, memorandos y hasta correos electrónicos impresos. También nombró a diferentes testigos que podrían confirmar sus declaraciones.

A pedido del nuevo titular de la AFIP, Alberto Abad, comenzó la investigación con la que se abrieron sumarios internos, se radicaron denuncias penales y se enfrentó a otro empresario kirchnerista, Cristóbal López, por su deuda fiscal de $ 8000 millones.

En 95 carillas, el testigo describió que la protección oficial recibida por Báez no sólo provocó su desplazamiento y el de otros sabuesos de la AFIP que lo investigaban, sino que también implicó reformas de la normativa del organismo para beneficiar al presunto testaferro de los Kirchner.