La denuncia apunta directamente al ministro del Superior Tribunal de Justicia, Sergio César Santiago, quien habría incurrido en incompatibilidad de funciones al aceptar un cargo como formador de asesores entre 2012 y 2015.
Denuncia presentada
EMILIA ITATI JUAÑUK y RICARDO TOMAS SKANATA ambos domicilios de la ciudad de Posadas, ante la Sra. Secretaria venimos a formalizar la presente denuncia:
Del nuevo escándalo institucional que se ha cometido puertas adentro de la ENTIDAD BINACIONAL YACIRETÁ (EBY), lo que nos lleva hoy a los misioneros, a requerir se investigue por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA) contrataciones realizadas durante la gestión del anterior Director Ejecutivo de esa entidad (Arq. OSCAR THOMAS), y que involucra nuevamente a un integrante del máximo tribunal de justicia de la Provincia, el ministro SERGIO CÉSAR SANTIAGO (ex asesor jurídico de la EBY).
En efecto, por medios periodísticos y propios testimonios del abogado de la EBY, Dr. ALEJANDRO TONELLI, nos hemos anoticiado los misioneros que, la nueva administración designada por el Presidente MAURICIO MACRI días atrás, ha recibido un organismo minado de contrataciones laborales con montos mayores a $. 30.000, $.45.000 y hasta $. 60.000, de personas que no cumplían su labor, no asistían a su lugar de trabajo, siendo mucho de ellos, familiares directos o amigos de los funcionarios del partido gobernante que conduce el ex gobernador ING. CARLOS ROVIRA, además de familiares directos de integrantes de la actual justicia provincial.
Ante esta situación, y al no darse a conocer por la nueva administración, la identidad de los beneficiarios de las contrataciones irregulares, el Diario Primera Edición, comienza a requerir a través de sus periodistas se divulgue los nombre y apellidos de las personas involucradas. Explica que es preciso conocer quiénes son los denominados» ñoquis», como se los conoce en nuestro país o «planilleros» mote que reciben en el Paraguay las personas que cobran del Estado y no trabajan. Como la respuesta se hace esperar, es entonces, el presidente de este matutino, (uno de los dos de mayor circulación en la Provincia), el Sr. FRANCISCO JOSE WIPLINGER, quien se decide a exigir por nota una información oficial de las nuevas autoridades de la EBY. Reclama se dé a conocer los nombres y apellidos de estos pseudos trabajadores, montos y períodos percibidos y abonados entre otras cosas.
Funda su pedido en las normas de acceso a la información pública vigentes en nuestro país, como así también, en normas constitucionales, habida cuenta que las respuestas de la actual conducción de la EBY se retrasan en el tiempo por lo que, el reclamo de sus lectores y población en general lo anima a actuar.
Pero este, no es el único caso bochornoso que se ha conocido y denunciado ante los medios luego de asumidas estas nuevas autoridades. Se ha conocido también, por declaraciones del actual Consejero de la EBY, MARTIN GOERLING, del pasado 10/02/16 en el mismo diario en cuestión, de pagos de indemnizaciones a cuatro (4) ex consejeros de la ENTIDAD BINACIONAL YACIRETÁ, por montos millonarios ( $20.000.000), que se habrían repartido a modo de compensación o indemnización o resarcimiento, por la finalización de su « gestión política» al frente del organismo.
A estas tremendas denuncias periodísticas, algunas reconocidas por la nueva gestión a cargo del Dr. HUMBERTO SCHIAVONI, se suma hoy el haber tomado conocimiento oficial desde la misma EBY, que el Dr. SERGIO CESAR SANTIAGO, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, desde el año 2012 mantuvo una vinculación contractual con el organismo dirigido en ese entonces por el Arq. THOMAS, en forma paralela y concomitante a sus funciones en la alta magistratura provincial.
Ese hecho, ha derivado ya, en un escándalo institucional de magnitud, lo que ha decidido al Colegio de Abogados de los misioneros, el día miércoles 24 de febrero último, reclamar la renuncia inmediata del Ministro de la corte provincial y anticipar el pedido de juicio político si así no lo hiciere.- Conforme los antecedentes que se acompañan, es la misma EBY que informa, mediante copia del contrato, que el señor ministro, ha mantenido un doble cargo y recibido cuantiosos emolumentos ( entre $30.000 y $45.000) mensuales desde el mes de mayo de 2012 al mes de abril de 2015, período donde ya había sido honrado con la Alta Magistratura Judicial.
Como esta última contratación, constituye una flagrante violación a las normas constitucionales de la Provincia, tanto el Colegio, como los firmantes de esta nota, hemos hecho reserva de exigir el JUICIO POLÁTICO al magistrado SANTIAGO, ante la Cámara de Representantes de la Provincia, a cuyo fin va este pedido de investigación, que nos muniría de las pruebas contundentes para llegar a su destitución y luego, por supuesto, intentar recuperar los dineros mal habidos para el erario provincial y nacional.
La competencia para hacer las investigaciones de rigor de esa Oficina, surgen de la propia Ley 25166 de Etica en el Ejercicio de la Función Púbica y Decreto 41/99, que coloca al personal y funcionarios de la ENTIDAD BINACIONAL YACIRETÁ (EBY) dentro de las personas alcanzadas por la obligatoriedad de sus prescripciones.
Concretamente se requiere investigación sobre los siguientes puntos:
a) Si las actividades docentes y de investigación que dan cuenta en el contrato remitido por la EBY al COLEGIO DE ABOGADOS, figurarían como uno de los objetivos constitutivos de la EBY.
b) Tiempo de duración de la vinculación contractual entre la EBY y el Dr. SERGIO CESAR SANTIAGO para ejercer tareas de docencia e investigación.
c) Montos parciales y totales percibidos por el Dr. SANTIAGO, en retribución a su labor como docente o investigador y las fechas de cada pago.
d) Forma de pago de las retribuciones percibidas por el profesional en su calidad de docente o investigador. Si ha percibido en efectivo, mediante depósitos bancarios o cheques. Si los pagos se han efectivizado en moneda argentina o extranjera.
e) Tipo de actividades académicas desplegadas como docente o investigador.
f) Lugar y fecha de esas actividades (clases, foros, talleres, etc.) como docente y cantidad de alumnos capacitados.
g) Nombre, apellido y situación de revista laboral de los agentes o empleados de la EBY que se han visto capacitados por el Dr. SERGIO CESAR SANTIAGO.
h) Evaluación final de cada una de las actividades docentes informadas a la EBY por el Dr. SERGIO CESAR SANTIAGO.
i) Pasajes aéreos o terrestres abonados por la EBY a favor del DR. SANTIAGO y/o viáticos reconocidos o pagados con motivo de la contratación.
j) Uso de automotores de la EBY para su traslado al dictado de clases y/u otra actividad docente.
k) Eventual entrega de vales de nafta y/o uso de celulares de la Entidad para consumo del Dr. Santiago en ejercicio de su tarea laboral.
Finalmente, hacemos nuestra también la profunda preocupación y pedido de información pública que hace el Sr. WIPLINGER ante la EBY, a cuyo efecto nos apoyamos en todos sus argumentos y pruebas acompañadas en su oportunidad.
Se adjuntan a este escrito y como formando parte de la presentación:
a) Solicitada publicada por el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE MISIONES en el diario Primera Edición el día jueves 25 de febrero de 2016
b) Copia de la Nota enviada por el Presidente del Colegio de Abogados a la EBY pidiendo información sobre la contratación.
c) Las contestaciones remitidas por el actual abogado de la EBY al Colegio de Abogados y al Superior Tribunal de Justicia y al Colegio.
d) Copia de uno de los contratos servicios suscripto entre SANTIAGO y THOMAS.
e) Nota del Presidente del Diario Primera Edición, Sr. WIPLINGER pidiendo información a la ENTIDAD BINACIONAL YACIRETA
f) Publicación periodística del 24 de febrero de 2016 que da cuenta de la nota detallada en el punto e)
g) Nota presentada por los abogados firmantes RICARDO SKANATA, EMILIA ITATI JUAÑUK Y PEDRO BRIGNOLE al Colegio de Abogados el día miércoles 23 de febrero de 2016, pidiendo se exija la renuncia al Dr. SANTIAGO como Ministro del Superior Tribunal de Justicia y su eventual destitución por Juicio Político.
h) Copia de la nota periodística publicada por el diario La Nación del día 10 de febrero del 2016 titulada «Escándalo por cobros millonarios en Yacyretá».
Por todo lo expuesto a la Sra. Secretaria solicitamos, tenga por presentada la correspondiente presentación, por denunciado domicilio de los suscriptos, acompañada pruebas y solicitada información necesaria para complementar la presente, amén de aquellas que considere oportunas la Secretaría a vuestro cargo.
Que, tratándose los hechos denunciados, de hechos sensibles para la población de la provincia que requieren de una respuesta inmediata, solicitamos se de a la presente, trámite de pronto despacho, y- se nos permita el acceso al trámite a efectos de poder aportar todo lo que este de nuestra parte para lograr el esclarecimiento de los mismos.
Que, en el mismo sentido, considerando que son necesarios para el inicio del correspondiente juicio político al magistrado provincial involucrado, la información que surgirá de la investigación que se solicita, solicitamos se nos provea de la misma, inmediatamente de ser recopilada.
Se provea de conformidad ES LEY y ES JUSTICIA.